Con la anulación del proceso de Curuguaty, la incógnita será eterna sobre la muerte de policías y campesinos. Esta es la conclusión del Dr. Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la ARP.
El profesional del derecho se mostró preocupado por la decisión de la Corte, que tacha el trabajo de la Fiscalía por considerarlo deficiente, pero que anula la causa sin posibilidad de iniciar otro juicio. En otras palabras, judicialmente, es como si la masacre nunca hubiera sucedido.
Esta inseguridad jurídica es lo que preocupa al área rural, debido a la falta de confianza que esto puede generar en potenciales inversores.