Ricardo Merlo, fiscal de Derechos Humanos, contó que la defensa de Arrom y Martí ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medida cautelar a la que consideró “mordaza”, ya que solicitan la restricción del acceso a la información por parte del gobierno nacional, al que acusan de proveer datos falsos a la ciudadanía con respecto a la supuesta millonaria demanda que reclaman los “refugiados”.
“En líneas generales piden que ya no se pueda expresar ni comunicar (sobre el caso). Ellos hablan de una desinformación del gobierno poniendo a conocimiento de la ciudadanía”, detalló en comunicación con La Unión.
El fiscal afirmó que la medida solicitada, que se configura como una censura, afecta a la libertad de expresión. Sostuvo que toda la información es “transparente” y está respaldada por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
El 16 de enero, fecha clave
Paraguay emitió una nota a la CIDH pidiendo la inclusión de más testigos para la audiencia del próximo 6 de febrero, en el marco del caso Juan Arrom y Anuncio Martí. La CIDH la ha recibido y anuncia que responderá antes del 16 de enero.
Merlo explicó que “la Comisión le dio trámite y ahora le comunicó eso a los acusadores del Estado, es decir, a los abogados de Arrom y Martí”. Citó que algunos testigos son fiscales y peritos que llevaron adelante la investigación de las supuestas “torturas” de las que fueron víctimas Arrom y Martí por parte de fuerzas de seguridad, y de lo cual se valieron ambos sujetos para solicitar refugio en el Brasil.
En ese orden, indicó que hasta el 16 de enero la Comisión tiene tiempo para responder a esta solicitud.
Dijo que Paraguay ha hecho el pedido de incluir más testigos en el caso, ya que hasta el momento tiene solamente uno y dispuesto por la propia CIDH.