El Centro de Denuncias de VIH/Sida y Derechos Humanos (DDHH) enfatiza en el tema tras la nueva reglamentación del Instituto de Previsión Social (IPS), que solicita un examen médico para ingresar al seguro social, el cual entrará en vigencia a partir del próximo jueves 1 de junio. “El temor es que las empresas privadas y públicas lo usen como argumento para solicitar el test de VIH”, indicó el abogado Francisco Acuña.
La persona tiene el derecho de negarse a acceder a estas evaluaciones médicas. El test puede ser ofrecido a los empleados como un plan de prevención y asistencia integral, no como discriminación, afirmó el letrado, no como ocurre en la actualidad, que muchos obligan a realizarse y según los resultados, los que viven con VIH son despedidos de sus puestos laborales. “No se puede obligar y que sea una condición”, aseguró. El estudio se debe hacer únicamente con la anuencia del usuario y los resultados son confidenciales, de acuerdo a la Ley 3940.