Se trata del asentamiento “30 de julio”, ubicado en el kilómetro 24 de la ruta 2.
Hugo Waldino Lovera, abogado de los ocupantes del predio en Itauguá que están siendo desalojados, criticó que una persona, que dice ser funcionaria de la Fiscalía, se haya presentado ayer realizando una “notificación verbal” para informar sobre el desalojo, cuando el procedimiento formal indica que debe realizarse a través de un juicio civil, es decir, un juez debe determinar sobre el caso. “No hay ninguna orden judicial”, subrayó.
Además, explicó que habían presentado un pedido de expropiación de tierras por causas de “interés social”, conforme al artículo 109 de la Constitución Nacional. Detalló que se tratan de dos predios de 7 hectáreas aproximadamente cada uno, cuyos propietarios son dos personas.
De hecho, afirmó que a través de cuantiosos documentos ya han recurrido a varias autoridades de Gobierno, entre ellos la presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, pero no han tenido respuesta.
Comentó en contacto con La Unión que las familias asentadas se hallan en el lugar desde hace más 4 años y tomaron las tierras como fiscales, por lo cual no se registran clandestinidad ni flagrancia. Además, garantizó que luego de la expropiación “la gente va a pagar, nadie está pidiendo que se le regale”.