Orué explicó en diálogo con La Unión que el decreto por el cual protestan los sindicalistas establece topes por año entre uno y dos salarios mínimos, de acuerdo al beneficio que cobraban anteriormente los trabajadores. Sobre el punto, subrayó que no pretenden recortar estos números, como lo pretenden hacer entender los sindicalistas.
En ese orden, aclaró que no todos los funcionarios realizan el reclamo, sino solo los pertenecientes a empresas públicas, como ANDE, PETROPAR, INC y BCP.
“Estamos hablando de un ahorro de US$ 25 millones. Se tiene que reinvertir. El interés general prima por sobre el particular. La política del gobierno es corregir las inequidades en el sector público”, enfatizó el viceministro.
Esta mañana se realizará una reunión entre representantes del Gobierno y sindicalistas para llegar a un punto medio en la cuestión.