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“El Ministerio Público no salpica a ningún senador”, afirma directora de Derechos Humanos

El Ministerio Público ratifica que los exsecuestradores Juan Arrom y Anuncio Martí no permitieron que sean revisados por médicos de la propia Fiscalía para constatar las “torturas” a las que supuestamente fueron sometidos, en un procedimiento médico que estuvo integrado por Esperanza Martínez y Jorge Querey, actuales senadores del Frente Guasu. No obstante, Fiscalía niega un presunto encubrimiento por parte de los legisladores.

Foto: ultimahora.com.

“El Ministerio Público no salpica a ningún senador”, afirma directora de Derechos Humanos
7 de enero de 2019 - 11:00

Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, señaló que tanto los actuales senadores del Frente Guasu Esperanza Martínez y Jorge Querey intervinieron en el caso como médicos en un sanatorio privado, adonde habían sido llevados Arrom y Martí.

En ese orden, aclaró que los fiscales del Ministerio Público no habían podido ingresar a la sala de atención debido a que se había formado un cordón humano conformado por adherentes del entonces Partido Patria Libre (PPL).

Sobre el punto, dijo que la intención de la Fiscalía no es incriminar en un supuesto encubrimiento a Arrom y Martí por parte de los hoy senadores del FG Martínez y Querey, sino solamente “los hechos se dieron así”. “El Ministerio Público no salpica a nadie”, expresó en comunicación con La Unión en referencia a lo informado por varios medios de prensa.

Indicó que sí existieron las lesiones, pero que en un segundo análisis, que ya no se realizó, se debía constatar el origen y la causa de estas heridas.

La sentencia

Peralta afirmó que el Paraguay rechaza tanto la realización de las “torturas” como la participación de agentes policiales en los supuestos hechos mencionados.

En ese orden, criticó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado que Paraguay solamente presente un testigo en el caso (el exfiscal general Óscar Germán Latorre) y que, a su vez, lo limite en sus declaraciones.

En este sentido, dijo que aparentemente lo que busca la CIDH es dejar al Paraguay sin defensa. Sobre el punto, aseguró que “si finalmente la Comisión condena al Paraguay a pagarles, va a estar negando que Arrom y Martí no participaron del secuestro de María Edith Bordón, lo cual fue probado en un juicio. Eso es lo más grave”.

Detalló que los US$ 63 millones que reclaman ambos sujetos serían distribuidos en US$ 20 millones para cada uno, mientras que los restantes US$ 23 millones serían repartidos a sus familiares, que supuestamente “recibieron maltratos psicológicos”.

La audiencia final del caso será en San José, capital de Costa Rica, el 7 de febrero próximo.

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