Este consorcio esta integrado por SASA, GEMA, PEMM y EME y tiene un contrato de G. 7.500 millones. El Instituto de Previsión Social ya ejecutó G. 5.515.674.249, según datos que se muestran en la Dirección de Contrataciones Públicas. Las empresas afectadas informaron que tanto el IPS como pacientes afectados ya están al tanto.
De acuerdo con representantes del sector, la suspensión ocurre en un momento particularmente sensible, ya que la nueva licitación para el servicio de ambulancias permanece paralizada y no existen alternativas previstas para garantizar la cobertura. En ese contexto, el presidente Isaías Fretes había solicitado detener y revisar un nuevo llamado para este servicio, valuado en USD 1,6 millones.
Según el vocero del consorcio, Enrique López Arce, entre los principales afectados se encuentran los pacientes dializados, que dependen de traslados regulares para acceder a sus tratamientos. Asimismo, la situación impactará en los servicios de mediana y alta complejidad, utilizados para derivaciones entre centros asistenciales y la atención de pacientes en estado crítico.
Las empresas señalaron que el contrato actual opera bajo la modalidad de prestación por demanda, lo que implica que únicamente se facturan los traslados efectivamente realizados. Además, la asignación de cada servicio corresponde al IPS, que define qué pacientes requieren traslado y el nivel de complejidad de la atención necesaria.

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