La denuncia surge a raíz de publicaciones periodísticas que indican el cobro de un salario de G. 3.500.000, presuntamente sin asistir a su puesto de trabajo por parte de Lucía Duarte de Garcete, quien también se habría dedicado a la actividad privada en horario laboral, como presidenta de la Fundación Nuestra Señora de la Asunción (FUNSA).
Además, consta en la denuncia que entre los años 2008 y el 2010, la denunciada habría fijado domicilio en el Brasil, junto con su marido. Duarte de Garcete, supuestamente habría cobrado en ese tiempo establecido su salario en los Ministerios de Educación y Cultura, y de Defensa Nacional.
Igualmente, se menciona la supuesta utilización de la infraestructura y de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas, en beneficio de la fundación mencionada, debido a que para el desarrollo de sus actividades, tenía a su disposición a funcionarios militares, camiones y ómnibus, de la institución.
Por otra parte, sobre la denuncia contra el general Luis Gonzaga Garcete indica la supuesta utilización de recursos humanos en quehaceres de tipo particular y no de las funciones asignadas en el ámbito castrense. En este sentido, el escrito señala que funcionarios, a cargo del jefe militar, presuntamente se desempeñaban como choferes de la esposa e hijos del general, además de realiza trabajos de tipo doméstico para la familia de Garcete.