Bacchetta anuncia acciones judiciales tras publicación de cruce de llamadas

Enrique Bacchetta fue acusado por una publicación de cierto medio impreso y digital de presuntamente traficar influencias, luego de que haya publicado que el senador colorado disidente dialogó vía teléfono celular, entre mayo y noviembre del año pasado, con 23 fiscales, 37 jueces, y otros funcionarios del Ministerio Público, así como con integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública y otras instituciones jurídicas.

El abogado del legislador, Rodrigo Yódice, manifestó en comunicación con La Unión R800 AM que su cliente está siendo víctima de dos hechos punibles: acceso indebido de datos e interceptación de datos. “Sobre esta base vamos a iniciar una acción penal ante el Ministerio Público, son dos tipos penales que están previstos en el Código Penal”, aseveró, mencionando que continuarán recogiendo información al respecto para formular la denuncia y nominar la acción.

Explicó que se tiene en cuenta que se produjo una divulgación fraudulenta de datos que “en condiciones legales no hubieran sido publicados de no mediar aparentemente una serie de actos fraudulentos que se gestaron”.

Yódice manifestó que las publicaciones se tratan de hechos punibles que atentan contra la intimidad de las personas. “Evidentemente, alguien sin autorización y probablemente violando sistemas de seguridad obtuvo una serie de datos que no podría haberlos obtenido de manera lícita y lo hace accesible a terceros. Esa conducta está sancionada penalmente”, expuso.

Con relación a con quiénes habló su defendido, sobre lo cual en la publicación hecha esta semana se hace alusión a fiscales, jueces y otros funcionarios de justicia, el letrado dijo que Bacchetta “viene del gremio de abogados y su ingreso a la arena política se da desde esa perspectiva, por eso no entiendo qué es lo impropio o llamativo en cuanto a que él se comunique con otros abogados”.

En ese orden, recordó que su cliente fue jefe de campaña de tres presidentes del Consejo de la Magistratura (CM), fue titular de esta institución y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, citó que “es un abogado senador que presidió la Comisión de Legislación y Codificación”. “O sea, que un abogado hable con sus colegas que ocupan cargos públicos, en principio, no nos debería llamar la atención”, aseveró, cuestionando: “que se le quiera dar un matiz totalmente distinto o que pretenda de alguna u otra manera ligarse con el contenido de divulgaciones que dan cuenta de la comisión de actos ilícitos, y la creación de procesos penales para que gente inocente sea procesada y para que gente vinculada al poder obtenga réditos, realmente este tema no tiene nada que ver con aquello”.

Señaló que a él también se lo cita en el “esquema” que publicó el medio en cuestión, indicando que en las conversaciones que había tenido con el senador colorado habían hablado con relación a las primeras filtraciones de audios del JEM, en las que ya se apuntaba como presunto traficante de influencias al otrora legislador cartista Óscar González Daher. Sobre el punto, aseguró que con este tipo de publicaciones como las realizadas por el impreso y digital “realmente se está queriendo quitar de contexto el contenido de las llamadas”.

Yódice afirmó que los registros estaban almacenados en la base de datos de la empresa telefónica Tigo, por lo cual pedirá una investigación sobre el por qué fueron divulgados, quién proveyó y cómo se accedió a los datos. No obstante, refirió que el enfoque principal de su trabajo será primeramente “instar la acción penal porque estos son hechos punibles de acción penal pública pero que tienen la particularidad de la necesidad de la instancia previa por parte de la víctima”. dijo.

Manifestó que tienen claro quién divulgó los cruces de llamadas que involucran a Bacchetta, aunque todavía no han identificado a la persona que realizó la intercepción ilícita de los datos. Al respecto, expresó que “sabemos de dónde salieron todos esos datos, pero debemos acceder a la carpeta fiscal y queremos que las personas involucradas puedan responder por estos actos antijurídicos”.

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