La idea es costear las ollas populares con una parte del saldo no ejecutado de la enorme línea de crédito de los US$ 1.600 millones de la ley de emergencia nacional, aprobados por la pandemia del COVID-19.
“De aprobarse, esperemos que entre en vigencia lo más pronto posible. Van a ser recursos para que las instituciones puedan adquirir una mayor cantidad y calidad de insumos para esa asistencia”, destacó Cira Novara, activista de las ollas populares, en contacto con La Unión.
Afirmó que no solamente alimentos no perecederos podrán adquirirse con estos recursos, sino también verduras y otros elementos. Aseveró que pedirán la certificación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) para la compra de alimentos.