Caso PETROPAR – Texos Oil: “Acá se percutió el arma para matar, pero no salió la bala”, afirma diputada

La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), pide que el Ministerio Público abra una investigación con relación al presunto opaco "acuerdo" al que iban a llegar el titular de PETROPAR, Denis Lichi, y representantes de una empresa argentina, con anuencia del ahora exprocurador Sergio Coscia, el cual iba a ser pernicioso para el Estado.

Kattya González, diputada del PEN.

“Acá se percutió el arma para matar, pero no salió la bala”, dijo González en diálogo con La Unión, exponiendo así que el “acuerdo” entre PETROPAR y la firma argentina Texos Oil SRL, consistente en un pago de US$ 7 millones para “cerrar” una demanda entablada por la empresa extranjera desde hace 9 años con la petrolera paraguaya.

En ese orden, indicó que el cargo de procurador debe ser ocupado por una persona que defienda los intereses del país. Así mismo, cuestionó que las prácticas de corrupción en PETROPAR se sucedan con diferentes protagonistas en la actual administración del Ejecutivo, en alusión a Patricia Samudio, antecesora de Lichi, actual titular de la petrolera estatal.

Hizo una comparación sobre el monto del “acuerdo”, señalando que bien con esos US$ 7 millones se podrían comprar cerca de 600.000 vacunas contra el COVID-19. “Se podría inmunizar por ejemplo a toda Asunción”, aseveró.

Indicó que, en caso de que Mario Abdo no destituya a Lichi o este no renuncie, será necesario que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Nacional Permanente del Congreso, apruebe un pedido de interpelación contra el presidente de PETROPAR.

Sergio Coscia renunció al cargo el pasado jueves tras verse involucrado en un supuesto “arreglo” de US$ 7 millones entre PETROPAR y una empresa argentina de nombre Texos Oil SRL. Esta firma del vecino país mantiene abierta una demanda contra la petrolera paraguaya desde diciembre del año 2011 “por daños y perjuicios por responsabilidad contractual”, reclamando un cobro consistente en cerca de US$ 31 millones, petición que no tiene sostén jurídico.

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