Santagada explicó que básicamente contiene el principio 10 de la Declaración de Río, de erigirse como instrumento para el derecho de toda persona a acceder a la información que obra en poder del Estado en temas ambientales, a participar en asuntos vinculados con el ambiente y a reclamar ante la justicia el menoscabo de ellos.
“Es para acceder a la justicia ante la violación de los derechos ambientales”, simplificó el abogado en contacto con La Unión.
En ese sentido, criticó la postura de empresarios que buscaron y consiguieron que el acuerdo de Escazú.
Santagada comentó que la información compartida debería ser sobre contaminación de recursos naturales en general.
Ayer se realizó una charla al respecto en la sede de La Ley Paraguaya, que contó con exministros del Ambiente, abogados, entre otros especialistas.