“El Estado paraguayo respeta la dignidad humana, por un lado constitucionalmente es inviable porque la Constitución Nacional no permiten condenas degradantes. Hay que discutir si necesitamos penas más altas, pero no podemos retroceder 200 años en la aplicación de condenas”, expresó Casañas Levi en conversación con La Unión.
Indicó que lo que se debe tener en cuenta, antes que plantear cuestiones como la castración química, es enfatizar trabajos por parte del Estado en la salud mental, “Esos crímenes son cometidos por quienes tienen transtornos mentales. El Estado no se ocupa de la salud mental de las personas. Esa es una de las grandes falencias”, expuso el abogado.