La Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) fue escenario de duros cuestionamientos hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante la defensa de su Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027. Diversos legisladores hicieron oír sus reclamos por las prolongadas demoras en las causas judiciales, la falta de controles internos, las fallas en la protección a mujeres víctimas de violencia y el retraso en la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN).
Uno de los puntos de mayor debate fue la elevada cifra de personas privadas de libertad sin condena firme. Ante el cuestionamiento del senador Líder Amarilla sobre la repetición de juicios y la anulación de actuaciones que insumen valiosos recursos, el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez, precisó que actualmente un 39,6% de los procesados cuenta con condena, mientras que el 60,4% restante no la tiene, aclarando que dentro de este último grupo existen procesados que litigan en libertad.
En cuanto a la mora judicial, Martínez diferenció el tiempo de emisión de una sentencia del plazo total de un proceso, atribuyendo las dilaciones a las posibilidades recursivas que habilitan las normativas vigentes. Asimismo, detalló que la Corte realiza inspecciones aleatorias sobre los informes cuatrimestrales que rinden los jueces e informó sobre la sobrecarga laboral en el fuero laboral de Asunción, donde apenas tres titulares deben cubrir la totalidad de los seis juzgados de primera instancia.
