“Eso lo estipula el artículo 129. ¿Cómo se va a hacer eso? A través del Servicio Militar Obligatorio, con el propósito de crear reserva instruida para que la nación pueda disponer de elementos en caso de una necesidad”, expuso Soto Estigarribia en contacto con La Unión.
Señaló que la ley 569, promulgada en el año 1965, del Servicio Militar Obligatorio, “sigue tan vigente como desde que fue creada”.
Con respecto a su proyecto, que sería aprobado en diciembre próximo, dijo que está siendo elaborado “con calma”. “Estamos viendo las medidas más adecuadas de cómo hacer para que el ciudadano infractor o el que fue exonerado pueda cumplir con esa tasa militar”, expuso.
Aclaró que el gobierno no se dedicará “a parar vehículos por las casas a pedir ‘la baja’ del ciudadano”. “Muchos exageran diciendo eso, hasta dicen que vamos a salir a arrear”, expresó Soto Estigarribia.
Afirmó que el nuevo Consejo Nacional de Objeción de Conciencia presentará también un proyecto con el fin de establecer de qué manera el objetor de conciencia podrá cumplir un servicio sustitutivo en lugar del militar.
Sobre el punto, señaló estar a favor de respetar la objeción de conciencia, pero que le falta reglamentación.
Por otro lado, con respecto a las palabras de la senadora del PDP Desirée Masi, quien advirtió que de progresar la intención del Ministerio de Defensa Nacional iba a proponer la derogación de la ley del SMO, manifestó su extrañeza, afirmando que “la ley se debe cumplir”. “Yo no sé si ella va a estar en contra de que no se cumpla un precepto constitucional”, dijo el secretario de Estado
La multa
A fines del 2018 saldría el nuevo reglamento Servicio Militar Obligatorio (SMO) y las formas de control de la objeción de conciencia. Las personas que no cumplan con estos requisitos pagarán una multa de G. 162.504 por 8 años, totalizando G. 1.300.000. La iniciativa es promovida por el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia.