Gaona recordó que en el llamado a licitación para la instalación de cámaras de seguridad en esa cárcel indicaba que había que tener salas de monitoreo en la penitenciaría, en la sede del Ministerio de Justicia y una en la empresa.
Sobre el punto, aclaró que los registros debían archivarse en la oficina del penal y, tras lo ocurrido, pasaron al Ministerio de Justicia, deslindando así responsabilidad alguna de la empresa en torno al hermetismo con que se manejan los videos, en los cuales se observaría si efectivamente los reos que se fugaron en enero pasado de la cárcel de Pedro Juan Caballero salieron por el portón principal, en connivencia con los guardias, y no por el túnel.