El Ministerio Público abrió una investigación luego de que se descubriera la relación entre el futbolista Bernardo Gabriel Caballero, de 25 años, y el empresario Antonio González, con detalles que indujeron a la sospecha del hecho punible de trata de personas a través de la referida institución luqueña.
Ricardo González, titular de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA), institución que está acompañando la investigación, detalló que durante el procedimiento fueron encontraron aparatos celulares, pendrives, películas y balas de armas de fuego. Además, también fue hallado material pornográfico, lo cual la Fiscalía analizará para determinar si son o no de elaboración casera.
Ante las sospechas de que existirían similares casos en otros clubes del país, indicó que se deben elaborar líneas de trabajo de control y fiscalización en conjunto entre la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Unión del Fútbol del Interior (UFI) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND), así como de asociaciones de escuelas de fútbol, de modo a evitar que se repitan este tipo de hechos.
En este orden, considera necesario el refuerzo de la Ley del Deporte (Nº 2874/2006), para que tanto presidentes como dirigentes de clubes de nuestro país cuenten con una especie de “certificado o título” para que ejerzan el cargo, además de cumplir otros requisitos. “Estando así la ley como está es porque los dirigentes de clubes se aprovechan y vulneran los derechos de sus jugadores. Es muy floja”, criticó en contacto con La Unión R800 AM. “Algunos traen a chicos del interior del país, les prometen que van a jugar y que van a ser transferidos a un equipo grande y después los abandonan a su suerte o los someten a chantajes y coacción”, añadió González.
Así mismo, señaló que es necesario que sea creada una “instancia de asesoramiento” para los padres y los chicos que quieren ser futbolistas, de modo a que no caigan en las redes de mal llamados agentes deportivos.
Por último, instó a los padres de los chicos y a mismos jugadores, así como a la ciudadanía en general en caso de que tenga conocimiento sobre casos similares, a que realicen las denuncias en la Codeni, comisaría y/o unidades fiscales locales.