“ACEPAR fue intervenida por la Procuraduría General de la República en el año 1997. Hasta ahora no ha quedado definida si es una empresa privada o empresa del Estado. Esa falta de definición es lo que coloca al Gobierno en un grado de responsabilidad con los trabajadores”, señaló Arnaldo Cabrera, funcionario de la siderúrgica, en contacto con La Unión.
Recordó que en enero de 2018 cesaron las actividades en ACEPAR. Desde entonces, se halló bajo un proceso de arrendamiento, lo cual se hizo efectivo a través de un grupo inversor chino, cuyos integrantes “finalmente nada hicieron”.
En ese sentido, indicó que lo que solicitan que lo planteado ya varias veces en mesas de trabajo en conjunto con representantes del Ejecutivo, consistentes en planes de reactivación de la empresa.
Mencionó incluso que Mario Abdo Benítez, cuando realizaba su campaña política rumbo a las elecciones para la presidencia de la República, había prometido reactivar ACEPAR, lo cual hasta ahora no cumplió.
La movilización, conformada por más de 100 trabajadores de ACEPAR, se realiza frente a la sede del PGR, ubicada sobre la avenida Mariscal López en su intersección con Venezuela.