Marín explicó que el proyecto aprobado se presenta “con muchos inconvenientes” en el diseño de su aplicación, compuesta de dos elementos: En primer lugar, la parte financiera, indicando que “en un artículo se estipula que se utilice el saldo ejecutado de la ley de emergencia del pilar social”.
“Ese texto es realmente abarcante y también tiene interpretación porque dice que se suspende el cuarto pago del programa Pytyvô 2.0. Nosotros entendemos que la idea que plantean es utilizar el remanente del Pytyvô 2.0”, expuso la viceministra en charla con La Unión.
Dijo que es correcta la postura del presidente de IPS, Andrés Gubetich, de rechazar la idea de que del saldo del dinero destinado a los trabajadores suspendidos sean redirigidos al Ministerio de Hacienda porque la normativa aprobada “es muy general”.
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En segundo orden, citó que la ley presenta inconvenientes porque menciona que el pago irá para “comerciantes en general”. “La ley dice que se debe pagar G. 500.000 a cada uno de los trabajadores informales y G. 3 millones a los trabajadores formales, pero no se establece una forma mediante la que el Poder Ejecutivo tenga un criterio de focalización que garantice que el subsidio llegará a los trabajadores que necesitan hoy afectados en sus ingresos por la situación”, señaló Marín.
Pese a este contexto, la viceministra dijo que desde el Ministerio de Hacienda están planeando un proyecto alternativo en conjunto con los propios comerciantes afectados, que espera que se concrete en próximos reuniones con los posibles beneficiarios.
Antecedentes
El Congreso aprobó esta semana un subsidio de hasta US$ 10 millones para comerciantes de la frontera con Argentina, que se vieron afectados económicamente por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia COVID-19, especialmente por el cierre de los pasos limítrofes que ya alcanzará un año de duración.
Los comerciantes a ser beneficiados, en caso de que la normativa entre vigencia, son de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
Se espera la promulgación o veto del Poder Ejecutivo.