Montanía aseguró que el empresario sojero brasileño Fabio Sequeira, en compañía de “tres agentes fiscales y 40 matones”, atropellaron humildes viviendas de indígenas en Tacuara’i, Canindeyú, consideradas tierras ancestrales.
Sobre el punto, dijo que en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) hay un expediente administrativo que data del año 1982 que hacen referencia a 38.000 hectáreas que sostienen que esas tierras pertenecían a indígenas “por la posesión ancestral”. Sin embargo, hace poco tiempo apareció con un supuesto título una inmobiliaria de nombre “Karapã”, la cual se erige en propietaria de los terrenos.
Además, citó que durante el atropello también fue asesinado un nativo, identificado como Isidoro Barrios, fue asesinado en el hecho, pero nunca fue investigado por el Ministerio Público.
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Por esta razón, Montanía mencionó que los indígenas solicitan una mensura judicial del expediente en cuestión para ratificar que las tierras que actualmente están en litigio les pertenecen.
En otro orden, la letrada aseguró que la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ana María Allen, responde a directrices “grupos poderosos “, mencionando especialmente a sojeros, por lo cual no toma decisiones en favor de los nativos. “Es una inacción criminal”, expresó en contacto con La Unión.
Como ejemplo, la abogada mencionó que en el caso de los violentos desalojos de los cuales los indígenas son víctimas, es cuando la titular del INDI debería articular acciones en conjunto con la Fiscalía General del Estado para defender a los nativos. Sin embargo, nunca lo hace, acusó, por lo que también exigen su renuncia.