La medida de fuerza es llevada a cabo por las cuatro principales asociaciones agropecuarias del país y consiste en el cese de la comercialización de granos y hacienda. Están exceptuados los productos perecederos.
Aunque el tenor de la protesta no es tan severo como hace 12 años, cuando las manifestaciones de productores paralizaron el país por los constantes cortes de rutas, el malestar de muchos agricultores es parecido, al considerar que la suba de tres puntos de la alícuota a las exportaciones de soja dispuesta días atrás por el presidente Alberto Fernández asfixia al sector.
Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. En 2019 las exportaciones de los dos derivados de la oleaginosa alcanzaron unos 12.000 millones de dólares.
“Es inviable este nivel de retenciones porque a eso hay que añadir los costos de producción y otros impuestos. La retención sobre una producción de 40 quintales de soja, que es una normal, es de 12 quintales. Se lo lleva el Estado y es demasiado pesado, la gente no puede seguir soportando impuestos, por eso va el paro”, dijo Luis Dellarossa, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, situada en la provincia de Córdoba, en el centro del país.
Dicha asociación integra Confederaciones Rurales Argentina (CRA), que declaró en primer lugar la huelga y fue secundada por la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina.
Esas agrupaciones se oponen a la decisión de Fernández, un peronista que asumió en diciembre, de aumentar los impuestos a la exportación de soja del 30% al 33%.
“Es un impuesto perverso porque te lo cobran por producir… es discriminatorio que a otros sectores no se lo cobren y el campo es el que mueve la economía del interior de Argentina”, se quejó Dellarossa.
De forma simultánea, el gobierno dispuso reducciones en los impuestos a una decena de cultivos como el de maní, el trigo y el girasol con las que busca incentivar las economías de algunas regiones.
En 2008 las cuatro asociaciones rurales provocaron desabastecimiento en grandes ciudades contra una decisión similar de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta. En ese entonces el valor de la oleaginosa era mucho más elevado.
La medida sobre la soja, que revierte la política del anterior gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), pretende mejorar los ingresos fiscales en un contexto de endeudamiento y recesión creciente.
El Ejecutivo destinará una parte de la recaudación fiscal adicional a la compensación de tres de cada cuatro productores de la oleaginosa, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior. Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan 74,2% del total. Pero los huelguistas dudan que eso se cumpla.
En cuanto a la comercialización de ganado, se espera que el paro tenga más repercusión el martes y miércoles en el Mercado de Hacienda de Liniers, el principal de Buenos Aires. El lunes en dicho mercado se comercializaron más de 2.000 cabezas que habían ingresado la víspera, antes del inicio de la medida de fuerza.
Con información de The Associated Press.