“Hace rato deberían estar todos imputados”, manifestó Juan Martín Barba, abogado de la familia de Renato, en conversación con La Unión.

Tomando en cuenta las evidencias en el retraso de la atención al nene captadas en las imágenes de las cámaras de seguridad del centro asistencial, Barba criticó que los médicos del Ministerio Público hayan informado que el personal del Migone “respondió conforme al protocolo RAC (recepción, acogida y clasificación)”, que comprende el tiempo mínimo “adecuado” para la atención de un paciente.

Además, el informe de los médicos de la Fiscalía resalta que los otros profesionales de atención a adultos “no eran responsables de asistir a Renato”, más allá de estar en la misma sala de urgencias y que el niño necesitaba imperiosa atención por la complicación de su cuadro.

“La Fiscalía actúa más como defensor del Migone que salir en beneficio de la familia de Renato”, cuestionó el abogado.

Por esta razón, los fiscales del caso, Nathalia Silva y Sara Torres, pidieron una aclaratoria de los reportes de la Junta Médica que se expidieron sobre el caso, sobre todo en lo concerciente a si hubo retardo o no en la atención a Renato. De acuerdo con los especialistas que representan a la Fiscalía, el menor fue atendido “en el tiempo establecido para casos de urgencias”, pese a que para los médicos de la querella no solo se trató del tiempo de respuesta por parte de los doctores, sino también de la falta de atención adecuada.

El caso

El 20 de agosto del año pasado, Renato, de 3 años, fue llevado por sus familiares hasta el Sanatorio Migone por un cuadro febril, acompañado de una gripe. Fue derivado a urgencias, donde su estado se complicó. Según su familia, se habría producido una negligencia o mala praxis por parte de los médicos que lo atendieron, argumentando que, o le suministraron medicamentos erróneos para su cuadro o le dieron una sobredosis. Supuestamente, este hecho provocó en el niño una convulsión y posterior muerte.

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