Serán las segundas elecciones presidenciales desde que Colombia firmó un acuerdo de paz con las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Sin embargo, éste dejó de ser el tema central en un país que, tras cerrar cinco décadas de confrontación con esa guerrilla, encara nuevos desafíos.
“Cambio” es la palabra que repiten la mayoría de los contendientes y que para cada uno tiene diferentes matices. Ni siquiera el candidato de derecha quiere ser asociado con el actual presidente conservador Iván Duque, quien cierra su periodo de cuatro años con bajos niveles de popularidad.
Colombia podría seguir los pasos de Perú y Chile, que en años recientes optaron por virar a la izquierda. “Esta tendencia obedecería más a una alternancia frente a los gobiernos que han estado en el poder y que lidiaron con una pandemia que trajo consigo niveles fuertes de desempleo y desigualdad”, dijo a The Associated Press Paola Montilla, doctora en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia.
En el espectro político que representan los candidatos, el más alejado del modelo actual es el exrebelde Gustavo Petro, quien lidera las encuestas, y de resultar vencedor daría un giro de 180 grados al ser el primer presidente de izquierda en un país que siempre ha sido gobernado por conservadores o moderados. Sus propuestas, que incluyen no otorgar nuevas licencias de explotación petrolera, despiertan temor en algunos sectores.
“La izquierda ha sido bastante marginalizada debido al peso del conflicto armado en Colombia, a la existencia muy reciente de una guerrilla que se reivindicaba de izquierda como las FARC”, indicó a la AP Yann Basset, analista político y profesor de la Universidad del Rosario. “El cambio se da con el acuerdo de paz, que levanta un poco esta hipoteca para la izquierda y promueve una agenda distinta con temas sociales suspendidos por el conflicto”, agregó.
La actual ha sido una campaña tensa con riesgos en la seguridad de los candidatos. Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, denunciaron amenazas y un plan para atentar contra su vida, lo que derivó en un aumento notable en su esquema de protección. Las plazas públicas se convirtieron en un riesgo y una decena de escoltas los resguardaban con escudos.
La pandemia agudizó la pobreza. En 2021 las cifras oficiales mostraron que el 39% de los colombianos -de una población de 51,6 millones de habitantes- se encontraba en condición de pobreza monetaria, es decir, que subsisten con menos de 89 dólares al mes. Y aunque es una leve mejoría con respecto a 2020, cuando era del 42,5%, significó un retroceso de al menos una década en esta lucha.
Con el 9,2% de inflación, el país alcanzó en abril sus niveles más altos en dos décadas en este indicador. El gobierno justifica los números negativos diciendo que se trata de un fenómeno inflacionario mundial, mientras el ciudadano de a pie ve el incremento en el precio de los alimentos que debe comprar con el mismo salario.
En sus discursos, Petro suele recalcar que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, mientras promete concentrar su gestión en cerrar brechas y atender a los más vulnerables con empleo en el Estado, aumento de subsidios y educación superior gratuita. Federico Gutiérrez, el candidato de derecha, promete combatir el hambre con la extensión de subsidios y alianzas público-privadas para que 10 toneladas de alimentos que suelen perderse cada año se destinen a los más pobres.
Entre las dificultades que enfrenta el país no solo está la pobreza, sino también la violencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja concluyó que en 2021, la violencia alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años. Si bien el acuerdo de paz está en marcha, los territorios y rutas del narcotráfico que dominaban las FARC están en disputa entre otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla fundada en la década de 1960, las disidencias de las FARC y el cártel Clan del Golfo.
“Tristemente, la situación de seguridad y derechos humanos en zonas remotas es hoy objetivamente peor que en 2018. Vemos aumentos preocupantes en las tasas de desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios en varias regiones del país, así como la expansión de múltiples grupos armados”, aseguró a la AP Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch para la División de las Américas.
Según el experto, el deterioro en la situación humanitaria es consecuencia de una “implementación dispar del acuerdo de paz”, y de una política de seguridad que aun cuando capturó cabecillas, como el narco más buscado y jefe del Clan del Golfo alias “Otoniel”, no ha logrado desmantelar a los grupos armados y proteger efectivamente a la población civil.
En consecuencia, el próximo presidente se enfrentará a una situación de seguridad compleja y al dilema sobre si reanudar o no el diálogo de paz con el ELN que Duque suspendió en 2019 a raíz de un atentado a una escuela de policía que causó la muerte de 22 personas. Durante la campaña este fue un tema central y, con matices, ninguno de los aspirantes se cerró a la posibilidad. Petro aseguró que se sentaría a la mesa con el ELN y mediante el diálogo intentaría un sometimiento a la justicia de los demás grupos. Gutiérrez, más tajante, pide a la guerrilla un cese al fuego unilateral e indefinido como moneda de cambio.
Con información de The Associated Press.