Es la segunda vez en cuestión de días que los parlamentarios abordan la cuestión de adelantar al año que viene los comicios presidenciales y parlamentarios, que en principio estaban previstos para 2026.
La medida tiene el respaldo de la presidenta interina, Dina Boluarte, que asumió el poder después de que el exmaestro rural Castillo intentara disolver el Congreso el 7 de diciembre, una medida ampliamente condenada incluso por sus aliados izquierdistas como un autogolpe y un acto de suicidio político. Castillo fue arrestado con rapidez tras su intento fallido.
La propuesta de adelanto electoral no consiguió votos suficientes la semana pasada debido a la abstención de los parlamentarios izquierdistas, que condicionaron su apoyo a una promesa de que se formara una asamblea constitucional para reformar la carta magna peruana. Los conservadores ven esa propuesta como una amenaza para el modelo económico peruano de libre mercado.
“No sean ciegos”, dijo Boluarte el fin de semana, en una crítica a los legisladores por no actuar con más decisión para reducir las crecientes tensiones. “Miren a la población y actúen”.
Castillo, un neófito político que vivía en una casa de adobe de dos pisos en las tierras altas andinas antes de mudarse al palacio presidencial, logró una estrecha victoria en las elecciones del año pasado, que remecieron a la clase política tradicional peruana y dejaron al descubierto las profundas diferencias entre los residentes de la dinámica capital, Lima, y un medio rural ignorado durante décadas.
Los intentos de Castillo de cerrar el Congreso para romper el estancamiento con los legisladores hostiles no hicieron más que agravar esas tensiones. En cuestión de horas desde su intento de acaparar poder, fue destituido por el Congreso y enfrentaba un proceso penal en el que se le acusa de intento de usurpar el poder en contra de la constitución.
Boluarte, que tiene el apoyo del presidente de Estados unidos, Joe Biden, y habla con fluidez la lengua quechua que utilizan muchos manifestantes, ha tenido problemas para restaurar el orden en el inestable país.
En varios puntos del país, los manifestantes que votaron el año pasado por la candidatura de Castillo y Boluarte han desafiado el estado de emergencia declarado por 30 días y tomado las calles para exigir la renuncia inmediata de la presidenta.
La cifra de muertos en las protestas subió el lunes a 26 después de que las fuerzas de seguridad dispersaran con gas lacrimógeno a miles de mineros artesanales que cortaron la Autopista Panamericana en dos puntos cruciales durante más de una semana, lo que obligó a los camioneros a desechar pescado y comida destinada a la venta y que se había echado a perder. Cientos de personas han resultado heridas.
Si los legisladores acuerdan adelantar las elecciones, en la práctica se estarían dejando sin empleo. La constitución peruana indica que los 130 miembros del Congreso sólo pueden servir una legislatura.
Boluarte también enfrenta presiones de otros líderes izquierdistas latinoamericanos, liderados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Desoyendo los reclamos de las autoridades peruanas y otros de que no interfiera en asuntos internos, López Obrador condenó a los medios conservadores peruanos y al sector empresarial del país por el retrato clasista y en ocasiones prejuicioso que hicieron de Castillo durante sus 17 meses en el cargo.
El lunes dijo que si los legisladores rechazaban adelantar las elecciones y se aferran al poder, y la presidenta se mantiene en el cargo, “todo lo van a lograr con el uso de la fuerza, con la represión, pues va a haber mucho sufrimiento en el pueblo y mucha inestabilidad”.
El presidente mexicano reiteró su disposición a ofrecer asilo a Castillo, que fue interceptado por manifestantes y fuerzas de seguridad cuando intentaba huir a la embajada mexicana en Lima tras su intento fallido de cerrar el Congreso.
Con información de The Associated Press.