“Supuestamente le dañé su honor y reputación al haberle gritado ‘corrupto’, ‘desviador de fondos del FONACIDE’, y otras cosas más. Pero por supuesto, yo lo dije basado en las pruebas que tengo, que son informes de Contraloría”, manifestó Maciel en charla con La Unión, citando que se registró un faltante de G. 1.008 millones en el año 2018 y otro de G. 4.260 millones en el año 2019.
Encima, afirmó que tiene otras 4 querellas más, entabladas por el presidente de la seccional colorada de Mayor Otaño, Leonardo Sánchez, a quien había acusado de haber estado detrás de la destitución de su madre del Centro de Salud de esa localidad, donde trabajaba. Así mismo, el titular de la Junta Municipal, Darío Sainger, y una concejal de nombre Jorgelina Vera, también lo querellaron por las mismas razones.
La defensora pública Luz Marina Sosa está ejerciendo su representación jurídica.
En noviembre del año, una serie de manifestaciones que incluyeron la toma de la sede municipal ocurrieron en Mayor Otaño, luego de que la ciudadanía reaccionara ante informes de la Contraloría, que halló un sinfín de irregularidades en la gestión de Pedro Chávez (ANR, HC).
En ese sentido, Mario Florenciáñez, director de Control de Rendiciones de Cuentas de la Contraloría, aseveró que informaron a ambas Cámaras del Congreso el hallazgo de 29 observaciones en la auditoría realizada el año pasado a la municipalidad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa.
Señaló no maneja con detalles los números detallados por el joven Maciel, que totalizan casi G. 5.300 millones, pero sí aseguró que en aquella investigación Contraloría se percató que el intendente Chávez carecía de varios documentos respaldatorios de su administración. “Nosotros informamos al Ministerio Público, a ambas Cámaras del Congreso y que encontramos 29 observaciones en la auditoría que hicimos en Mayor Otaño. Había infracción a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, el programa de merienda escolar estaba desfasado, su microplanificación no condecía con lo que se llevó a cabo, entre otras irregularidades”, afirmó Florenciáñez también en conversación con La Unión.
Aclaró que los últimos informes fueron enviados a la Fiscalía ya en febrero de este año, pero no como un hecho punible, sino como parte de una investigación anterior.