Las amenazas a la familia llegaron vía audios de WhatsApp, de acuerdo con lo denunciado este viernes en conferencia de prensa por Iván Chilavert, hijo de Rolando Chilavert, y el exarquero paraguayo José Luis Chilavert, quienes estuvieron acompañados por la fiscal de la Unidad de Trata de Personas del Ministerio Público, Nathalia Acevedo.
En ese sentido, la agente argumentó en contacto con La Unión que la orden de captura internacional que emitió contra el empresario de fútbol español Fernando Martínez Vela está basada no solamente en las declaraciones de los Chilavert, sino también en informes de la Cancillería Nacional y la Interpol.
En ese orden, negó que el Ministerio Público paraguayo haya recibido a través de la Cancillería u otra institución una orden de captura contra los Chilavert de parte de la fiscalía de Ucrania, a diferencia de lo afirmado por Martínez Vela en uno de los audios enviados al exarquero.
“Nosotros trabajamos bien en materia de cooperación con Ucrania, lo hacemos todo a través de la Oficina de Asuntos Internacionales. Paraguay no ha recibido ningún pedido de captura contra los Chilavert”, aseguró, añadiendo que “este señor español dijo muchas cosas, pero no tengo ninguna información que le acredite”.
No obstante, afirmó que, ante los audios de Martínez Vela, la familia ahora teme por su seguridad, ya que supuestamente el ciudadano español tiene a disposición a personas “que saben por dónde andan los Chilavert”.
Ratificó que Martínez Vela se halla imputado y con orden de captura internacional por trata de personas.
Audios de Fernando Martínez Vela enviados a José Luis Chilavert, según denuncia el propio exarquero de la Selección Paraguaya: Gentileza.
El caso
Según la denuncia presentada por la familia Chilavert, Fernando Martínez Vela le había ofrecido un trabajo a Rolando Chilavert para dirigir el club de fútbol Inter de la ciudad de Odessa, Ucrania.
Sin embargo, entre diciembre de 2018 y enero de 2019 la familia Chilavert ya no pudo contactarse con sus familiares en Paraguay y denunciaron que en el lejano país del Este de Europa habían sido despojados de sus pasaportes, US$ 1.500 y privados de su libertad, además de haber sido obligados a consumir ciertas sustancias que serían drogas.