La denuncia fue hecha por la Comisión Vecinal Santa Lucía del distrito de Itakyry el 7 de agosto de 2013, en donde los hoy encausados supuestamente cometieron los delitos ambientales, en un inmueble de 2 mil hectáreas de una comunidad indígena y en otra propiedad de 14 mil hectáreas, que les pertenece.
Recién el 26 de noviembre de 2015 se pudo identificar a los supuestos autores, porque los miembros de la comunidad indígena proporcionaron los datos sobre ellos. Inmediatamente, la fiscal Zunilda Ocampos ordenó la detención preventiva de los presuntos implicados y ahora presentó la imputación con pedido de rebeldía.
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