“El derecho al reclamo es constitucional, ahora, la toma genera afectación de otras personas, en cuanto a que, por ejemplo, se interrumpe el derecho a dar las clases o se cierran determinados locales”, expresó Casañas Levi en contacto con La Unión.

En ese sentido, aseveró que los padres de los chicos deben ser imputados por exponer al peligro a sus hijos.

Señaló que la forma del reclamo de los estudiantes debe ser “siempre pacífica”, sin usar la fuerza extrema para este tipo de situaciones.

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