“Nosotros venimos sufriendo un sistema perverso en el que no solamente nos quitan derechos adquiridos, sino también golpean nuestra economía (…) Tuvimos que adoptar esta medida extrema porque hace mucho venimos sufriendo, mientras las autoridades permanecen ciegas, sordas y mudas. Entonces, esta es la forma en la que el sector penitenciario empieza a decir ‘Basta’ a esa clase política que no tuvo en cuenta nuestro proyecto”, expresó Elizabeth Mīllan, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Centro Educativo Integral de Itauguá.
Además, denunció que más de 600 agentes no poseen seguro médico.
Solicitan que este jueves la Cámara de Senadores trate el pedido de pago de bonificación familiar, informó el periodista de Unión TV Sergio Zepol.