“Esta es una escena más de lo que ya nos tiene acostumbrado la Fiscalía, que es el sometimiento al interés político, de la mafia”, criticó Cristian González, apoderado del PLRA, en diálogo con La Unión. “¿Desde cuándo las víctimas van a ser los victimarios? ¿En qué relevancia jurídica se puede encuadrar el movimiento de un casquillo? Es una imputación absolutamente irresponsable y lamentable. Todo esto carece de rigor jurídico y se nota la torpeza con la que actúan”, cuestionó.
Indicó que el acta de imputación simplemente describe situaciones, pero no hechos punibles supuestamente cometidos por los dirigentes liberales.
En ese orden, señaló que la supuesta intención de los afiliados del PLRA de alterar la escena del crimen de Rodrigo Quintana no tiene sentido y carece de lógica, ya que quienes deberían cometer esos actos son los que cometieron los hechos punibles, no las víctimas. Sobre el punto, recordó que “todo el mundo vio” que 24 policías irrumpieron en la sede liberal “disparando por todos lados, atropellaron torturaron, coaccionaron y tiraron al piso a la gente”.
Ratificó que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, debe salir de manera inmediata del cargo, por convertir al Ministerio Público en un “garrote político de la mafia”, acusándola de estar sometida al expresidente de la República Horacio Cartes.
En total, 5 dirigentes liberales fueron imputados por el Ministerio Público en el marco de la investigación del asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril del 2017 durante las manifestaciones contra el proyecto de enmienda pro reelección promovido por el expresidente Cartes.
Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún (hijo del presidente del PLRA) fueron imputados por frustración de la persecución y ejecución penal, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos. Por su parte, Olga María Paredes Brítez, Ramona Mabel Cantero y Fernando Caceres fueron imputados solo por frustración de la persecución y ejecución penal.