El procurador Marco Aurelio González comunicó la decisión este viernes en una rueda de prensa, destacando este incidente como una “actuación negligente” de la administración pasada del Gobierno.
Debido a la ejecución de la póliza en contra de la orden expresa del Tribunal, el Estado deberá reembolsar aproximadamente US$ 5 millones, sumados a intereses por un millón de dólares, los costos procesales adicionales derivados de esta acción, y un pago de US$ 2,8 millones a Mota Engil por montos retenidos indebidamente.
En relación con los retrasos en las obras, el Tribunal determinó que el MIP fue responsable del 37%, lo que implica un desembolso adicional de US$ 5 millones. En este aspecto, Mota Engil culpó al Estado por 691 días de demora en el programa de obras, de los cuales el Tribunal responsabilizó al MIP por 258 días.