Kronawetter afirmó que ya el viernes pasado, cuando había iniciado la defensa de Samudio, le sugirió poner a disposición de la Fiscalía toda la documentación vinculada a la compra supuestamente sobrefacturada de agua tónica para el personal de su empresa estatal, hasta ese momento, y otras relacionadas a contratos denunciados por un grupo de diputados.
De hecho, aseguró que de esta forma procedieron. Sin embargo, manifestó su sorpresa cuando ayer por la tarde los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Anticorrupción, llevaron adelante allanamientos en oficinas administrativas de PETROPAR. “Ellos ni siquiera dieron lectura a los documentos que nosotros pusimos a su disposición y pidieron una orden de allanamiento”, aseveró en diálogo con La Unión.
En ese sentido, criticó que uno de los agentes haya opinado ya al respecto ante medios de prensa recién sobre actos iniciales. “Dijo por ejemplo que si bien el procedimiento pudo haber cumplido los trámites administrativos, eso no significa que no sea un hecho punible. Eso a mí me da la lectura de que ya tenía repensada la línea de investigación, me parece llamativo”, cuestionó Kronawetter, afirmando que esto se configura como pérdida de objetividad, por lo cual interpuso la recusación.
PETROPAR compró recientemente 5.000 botellas de medio litro de agua tónica a un valor de G. 5.000 cada una, entre otros elementos adquiridos presuntamente con sobrecostos. Además, aceptó la compra de tapabocas a G. 38.000 cada uno, cuando el máximo precio impuesto por el Ministerio de Salud para este producto es de G. 25.000.