“La huelga es nuestro derecho constitucional, es algo que hicimos reclamando nuestras reivindicaciones. 1.400 funcionarios iban a quedar sin puestos de trabajo”, expuso Ocholasky en comunicación con La Unión, detallando que, entre otros beneficios, iban a perder bonificaciones y seguro médico.
En ese orden, la dirigente sindical argumentó que las denuncias fueron presentadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación de Trabajadores Judiciales y la Internacional de Servicios Públicos, por lo cual no corresponde la declaración de ilegalidad por parte de la Corte no corresponde.