El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este lunes al presidente Nicolás Maduro en “abandono del cargo”, en víspera de que cumpla su cuarto año de mandato, buscando abrir la puerta a elecciones anticipadas, aunque las decisiones legislativas son consideradas nulas por la Justicia venezolana, manejada por el Ejecutivo.
La Asamblea Nacional, en su primera sesión de debates del año, prevista para las 14:30 locales (15.30 en Paraguay), discutió como único punto de la agenda del día, “sobre el ejercicio constitucional del cargo” de presidente “y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis”.
En una interpretación particular del “abandono del cargo”, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa a Maduro de incumplir deberes que hundieron al país en una grave crisis, con severa escasez de alimentos y medicinas, una inflación que es la más alta del mundo y una criminalidad desenfrenada.
“¿Por qué no salimos de esta crisis? Porque Maduro no está gobernando con la Constitución, sino fuera de ella; está haciendo lo que le da la gana. La Constitución habla del derecho a la alimentación, a la salud, a la vida”, afirmó Julio Borges, quien asumió el pasado jueves la presidencia del Parlamento, en relevo de Henry Ramos Allup.
Según la Carta Magna venezolana, si el Poder Legislativo declara la “falta absoluta” del presidente antes de que cumpla su cuarto año de mandato el 10 de enero, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será reemplazado por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.
Alistándose para esta nueva etapa de enfrentamiento, Maduro rearmó la semana pasada su gobierno y nombró a Tareck El Aissami, de 42 años y quien se dice “chavista radical”, como vicepresidente, a quien el domingo puso al frente de lo que llamó un “comando antigolpe”.
“Yo le pregunto a ‘Cejota’ -refiriéndose a las cejas de Borges-, “¿tú estás listo pa’ la guerra?”, dijo el domingo el presidente socialista, a quien la oposición buscó sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio, que el poder electoral frenó.
Analistas independientes advierten, no obstante, del enorme muro con que se puede estrellar la oposición: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró en “desacato” al Parlamento y nulas todas sus decisiones, en el clímax de un duro choque de poderes.
La justicia, acusada por la Mesa de la Unidad Democrática de servir al chavismo, declaró en desacato al Parlamento por juramentar a tres diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude, y aunque en noviembre se separaron voluntariamente, el TSJ exige que su desvinculación sea formalmente votada en el pleno legislativo.
Borges afirmó el domingo que la oposición podría dar el paso de desvincular a los diputados “para destrabar el camino”, pero eso no estaba planteado en la agenda de hoy.
Para el constitucionalista José Ignacio Hernández el hecho de que el TSJ desconozca al Poder Legislativo “bastaría para anular la declaratoria de abandono”, por lo que si esa situación no encuentra una solución, “ninguna decisión jurídica de la Asamblea permitirá realizar elecciones”.
“Para ser efectiva realmente debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Habrá que ver si viene acompañada de una estrategia de calle que busque escalar la protesta”, afirmo Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).
En diciembre, la mayoría parlamentaria declaró la “responsabilidad política” del presidente en la crisis, con el fin de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y de todas formas el TSJ también anuló esa decisión.
Aún así, la Mesa de la Unidad Democrática lo hará.
Con información de Clarín.