Pintos mencionó que EMPO había presentado una nota en la que manifestaba su cambio de razón social de SRL (Sociedad de responsabilidad limitada) a SA (Sociedad Anónima), la cual fue remitida por la intendencia a la Junta Municipal para su homologación. “Nosotros actuamos en función de nuestras atribuciones. Rechazamos entendiendo que el cambio de razón social no implica desligarse de los compromisos que pudieran tenerse desde la anterior, en este caso EMPO SRL”, explicó Pintos en conversación con La Unión.
Al día siguiente de esa resolución, dijo que medios de prensa revelaron que la intención de EMPO era cambiarse de razón social para evadir impuestos que cargaba desde hace tiempo con el fisco paraguayo. “Al tomar conocimiento de esto, revocamos el pedido, recomendamos a la intendencia municipal intervenir el vertedero de Cateura e iniciar una investigación sobre la denuncia (periodística) referida”, aseveró Pintos.
En ese sentido, el concejal dijo que de forma simultánea la propia EMPO solicitó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) un plan de pago fraccionado de su millonaria deuda con el fisco “referida como causal o motivo del cambio de razón social”, ante lo cual esta institución pide un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que finalmente acordó ese plan de abono de impuestos, emitiendo un certificado de cumplimiento tributario provisorio en base a ese acuerdo.
“En ese tren de cosas, es probable que la empresa EMPO haya iniciado su gestión de cobro de facturas en la intendencia municipal, no en la Junta Municipal”, dijo el edil, agregando que “si en esa situación se hubiese dado el caso de que existía un certificado de cumplimiento tributario adulterado o falsificado, tenían que ser los órganos de la intendencia, que participan del proceso de recepción de facturas y documentaciones, los que se hubiesen percatado y denunciado la supuesta falsificación de ese documento”.
Con esto, aseguró que la Junta Municipal no tuvo injerencia ni responsabilidad en ese proceso. “La imputación de la Fiscalía dice que producto de estas resoluciones se indujo a la intendencia municipal a realizar un pago, cuando nosotros hemos actuado en base a lo acordado entre partes, llámese EMPO y SET, que fue la que le emitió el certificado de cumplimiento tributario”, subrayó, añadiendo que, por este motivo, no logra entender la supuesta participación de la Junta Municipal en el supuesto caso.
Antecedente
El Ministerio Público imputó al intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, a su antecesor, Mario Ferreiro, a 11 concejales y otros altos funcionarios de la municipalidad capitalina por la presunta producción de documentos no auténticos a favor de la empresa EMPO Ltda.
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La denuncia fue presentada por la fiscal Stella Mary Cano, en la que acusa a Ferreiro, Rodríguez y 11 ediles de haber permitido el uso de certificación de cumplimiento tributario de contenido falso, con lo que supuestamente indujeron en las relaciones jurídicas al error en su autenticidad, para lograr el pago de más de G. 1.700 millones a la empresa EMPO Ltda, la cual explota los servicios de recolección de basuras y administración del vertedero de Cateura.
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