Juicio político a Fernando Lugo: Se respetó el debido proceso y se evitó inestabilidad social, sostiene Óscar Tuma

Óscar Tuma, exdiputado colorado que actuó de fiscal acusador contra Fernando Lugo en el juicio político del 2012, recordó por qué se había iniciado el proceso. La CIDH admitió recientemente el pedido del expresidente sobre la reposición de 14 meses de salarios caídos como mandatario.

“En su momento, yo fui uno de los fiscales acusadores en la Cámara de Diputados que luego terminara con el juicio político de Fernando Lugo. No me sorprende que se haya dado curso a la demanda que presentó ante organismos internacionales, pero lo hizo con argumentos totalmente falsos, ni siquiera errados”, expuso Tuma en conversación con Buenas Tardes La Unión.

Señaló que esperaba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita el pedido de Lugo, ahora senador nacional, ya que “se trata de un expresidente”.

El exparlamentario colorado mencionó que a Lugo se le corrió traslado de la acusación y que se le otorgó tiempo para que presentara documentaciones, alegatos y testigos.

Tuma ratificó que fue necesario el juicio político a Lugo no solo por los cargos por los cuales fue acusado, sino también porque “se hubiera generado una gran inestabilidad con derramamiento de sangre y se evitó, incluso, que presidentes de la región, simpatizantes de la izquierda en ese entonces, se levantaran, no por Lugo, sino por dinero”. Sobre el punto, aseveró que por esa razón fue necesario que el proceso no haya sobrepasado las 48 horas, ya que posterior a ese plazo se hubiese dado tiempo a que se produzcan confrontaciones sociales a nivel nacional.

Recordó las denuncias presentadas contra Lugo, citando especialmente la masacre de Curuguaty.

Lugo reclama G. 532 millones de salarios caídos más intereses, equivalentes al tiempo que le restaba por ejercer el cargo (14 meses).

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