La propuesta contempla USD 236 millones adicionales para cubrir compromisos salariales, principalmente en sectores sensibles como salud, educación y seguridad. Según la cartera económica, el aumento responde a la necesidad de sostener el gasto social y garantizar la prestación de servicios esenciales sin comprometer el equilibrio fiscal.
El documento será remitido al Congreso en los próximos días para su análisis y debate, en un contexto donde el Ejecutivo busca mantener el déficit dentro del tope legal del 2,3% del PIB, priorizando inversiones en infraestructura y programas sociales estratégicos.
