“Realmente estaríamos en una situación muy complicada. Según ese convenio que estuvo vigente por ley de emergencia sanitaria, se cobraba G. 13 millones por paciente en terapia intensiva, lo cual incluye medicamentos, profesionales, equipos de diagnóstico y, si no se tiene esa contraprestación por los servicios, sencilllamente es imposible seguir prestando”, aseveró Zarza en diálogo con Buenas Tardes La Unión.
Indicó que, de los US$ 40 millones de deuda, la asociación ha cobrado “muy poco”. “Lamentablemente la cadena de pago prácticamente se cortó”, dijo, cuestionando que el Gobierno, pese a ya haber fenecido el plazo de vigencia de la ley de emergencia sanitaria (31 de diciembre del 2021), no cumplió con los pagos.
Sobre el punto, Zarza afirmó que la única posibilidad de reabrir sus hospitales y sanatorios a pacientes COVID remitidos por el Ministerio de Salud es mediante la extensión de la ley de emergencia sanitaria, la cual aún no fue aprobada por el Congreso, tras lo cual se procedería a una nueva negociación.
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