La fiscal Silvia Cabrera explicó que los hechos punibles cometidos por estas personas fueron adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración falsa y estafa, tras haber cobrado el subsidio Pytyvô. Sobre el punto, dijo que hay otras dos personas del sector privado más en la investigación.
“Se trata de personas que no reunían los requisitos establecidos y, sin embargo, habrían cobrado este beneficio”, aseveró Cabrera en comunicación con La Unión, citando como ejemplo que una concejal municipal del distrito de María Antonia, situado en el Departamento de Paraguarí, identificada como Julia Brítez, de 27 años, fue una de las que percibió la ayuda.
Todos están señalados por violar la ley Nº 6524/20 de Emergencia Sanitaria, ya que, de acuerdo a esta normativa, ningún funcionario público podía cobrar subsidios del Gobierno durante la pandemia del coronavirus. La ayuda de Pytyvô consiste en un pago cercano a G. 550.000.
Aseveró que la investigación no culminará aquí, ya que ayer, desde la Abogacía del Tesoro, fueron remitidos datos y una denuncia en contra de 38 personas que tampoco reunían los requisitos para cobrar estos subsidios. “En total serían 43 personas”, afirmó la fiscal, indicando que todos se exponen a una pena privativa de liberta de hasta 5 años.