Macchi indicó que “falta mucho para que la justicia intervenga”, ya que quien es objeto de investigación es el presidente de la cooperativa (Juan Carlos Ozorio, diputado colorado renunciante), por lo que “son las autoridades del INCOOP las que tienen que hacer su tarea de investigación, porque es el ente que regula a las cooperativas”, expuso en diálogo con Todas Las Voces por La Unión
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“Las autoridades del INCOOP tienen que hacer su trabajo”, añadió, aclarando que “una cosa es un directivo de la institución y otra muy diferente es la institución misma”. “Yo creo que este es un caso aislado, pero lo importante, una vez que tengamos toda la información de este caso, es visualizar cómo afectó al sistema financiero en su conjunto (…) Que un directivo esté involucrado en un ilícito no implica que la cooperativa esté involucrada también”, dijo.
Indicó que el INCOOP será el “brazo operativo” de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el marco de la investigación.
En ese orden, aseveró que la ASOBAN no tiene intervención sobre esas instituciones. Sobre el punto, Macchi enfatizó que los bancos y financieras “estamos aplicando las normas de prevención de lavado de dinero como corresponde”.
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Por su parte, Aníbal Insfrán, analista económico y financiero, indicó que el procedimiento del INCOOP debe ser rápido y aplicar un plan de contingencia de manera inmediata.
“Las cooperativas no tienen un prestamista como sí lo tienen los bancos, pero tienen por lo general reservas para hacer frente a las contingencias”, dijo Insfrán en conversación con Todas Las Voces por La Unión.
No obstante, dijo que esta situación “puede generar alguna incomodidad”, por lo que el INCOOP y también el Consejo de la Administración propio de la cooperativa deben tomar las medidas necesarias.