Santacruz, quien junto con su compañera de bancada, Desirée Masi, habían presentado hace unas semanas un proyecto de ley por el cual se solicitaba la derogación de la ley que impone las tasas militares para quienes no realicen el Servicio Militar Obligatorio (SMO), que incluye hasta G. 2.600.000 de multa.
Sin embargo, la mayoría de la Cámara Alta determinó el aplazamiento del tratamiento para marzo.
Cuestionó la mala comunicación por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez sobre el tema, mencionando que el ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, y el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se contradicen al momento de hablar sobre las multas y los castigos.
Además, Santacruz mencionó que el ingreso del dinero recaudado en concepto de multas no está justificado ni previsto en la Constitución Nacional.
Por último, criticó que el gobierno no busque recaudar cobrando mayores impuestos “a los señores feudales”, en referencia empresarios sojeros y otros transgénicos.
Por su parte, Cristian González, apoderado del PLRA, señaló que la nota presentada ayer por su nucleación ante la Comisión Permanente del Congreso, en la que se convoca a una sesión extraordinaria en la cual se trate la derogación de las multas para los objetores de conciencia, tiene el respaldo no solamente de su titular, Efraín Alegre, sino que se ha convertido en una iniciativa parlamentaria tanto liberal como de la multibancada.
Mencionó que la posición del PLRA es rechazar el Servicio Militar Obligatorio teniendo en cuenta que la objeción de conciencia no debe tener un carácter punitivo y, menos aún, monetario. “Rechazamos la pretensión del gobierno de querer recaudar cuando no se tienen las condiciones para que la gente que quiera ir, pueda”, expresó.